Mucho veedor y poco control

Corrupción: el cáncer que más se propaga en Colombia
16 diciembre, 2016

Por Neil Fortich Rodelo*

De acuerdo con el informe de la organización alemana Transparencia Internacional, Colombia obtuvo el año pasado en una escala de 0 (muy corrupto) a 10 (muy transparente) el puntaje de (3.4), lo cual indica que seguimos rajándonos en el tema de la corrupción.
 
Es de público conocimiento que Cartagena, nuestro amado corralito de piedra, no es ajena al problema de la corrupción administrativa.
 
La anterior situación hace necesario que los ciudadanos entremos a reforzar mediante el control social la labor de los organismos de control relacionada con la vigilancia de la gestión pública.
 
Antes de escribir esta columna, quise saber cuántas veedurías existen en el Distrito de Cartagena y quiénes son sus presidentes y demás miembros. Y fue así que peticioné a la Personería Distrital y a la Cámara de Comercio de Cartagena para que me expidieran una relación de las mismas.
 
¡Vaya sorpresa! Solo en la Personería Distrital hay inscritas a fecha abril de 2012 313 veedurías. Desafortunadamente, hasta el pasado viernes quince de junio la Cámara de Comercio de Cartagena no había resuelto mi escrito petitorio pero, seguramente, también son muchas las veedurías inscritas en esta entidad.
 
De inmediato entendí que no es que carezcamos de veedores, sino que los que existen, con excepción de unos pocos, no están desarrollando bien su labor.
 
La participación ciudadana en Colombia está dispersa en todo el ordenamiento jurídico; sin embargo, la que hace referencia al control y a la vigilancia de la gestión pública tiene su origen en los artículos 2°, 3°, 103, 270 de la Constitución, entre otros.
 
Pero es el artículo 270 superior en concreto la génesis de las veedurías ciudadanas en el Estado colombiano al establecer que “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”   
 
La anterior disposición constitucional fue reglamentada por la ley 850/03, conocida también como ley de veedurías. No obstante, debo precisar que este tipo de participación no es exclusiva de dicha ley; pues otras normas de carácter legal la contemplan; esto es, las leyes 80/93, 134/94, 136/94, 142/94 y 489/98 entre otras.
 
Es dable aclarar que la reglamentación que realiza la ley de veedurías no era tan esencial como parece, ya que la Corte Constitucional, en sentencia T-596/2002, sostiene que “el libre ejercicio de los derechos fundamentales políticos y de participación ciudadana consagrados en la Constitución, no depende de que exista una ley estatutaria para las veedurías.”
 
Así mismo, distinguido lector, un ciudadano no necesita hacer parte de una veeduría para ejercer de manera efectiva y eficaz control social a la gestión pública.
 
El control social a través de las veedurías ciudadanas es de suma importancia, ya que a través de esta modalidad de participación el ciudadano interactúa directamente con la administración, permitiéndole al veedor orientar, recomendar, corregir, prevenir y mejorar la acción de ésta.
 
La labor que desarrollan las veedurías no puede reducirse a atacar la corrupción administrativa que es grave en Colombia, como se observa; los veedores ciudadanos deben estar atentos a que las necesidades básicas se satisfagan de manera efectiva; que la actuación de la administración observe el principio más importante de todo Estado social: el interés general; que haya un ejercicio equilibrado del poder; que las decisiones de los servidores públicos sean visibles y legítimas y, en general, que se respete el ordenamiento jurídico.
 
Además, el control ciudadano está concebido para la vigilancia, la crítica, el seguimiento, la evaluación, la deliberación y sanción social de la gestión de la administración, en aras de verificar el cumplimiento de actividades con fines de prevención, corrección e información al público; promocionar compromisos éticos entre y/o con servidores públicos sobre asuntos generales o particulares de interés general, para pedir rendición de cuentas a las autoridades, etcétera.
 
Las funciones, competencias, prohibiciones e impedimentos de los miembros de las veedurías están estatuidas en los artículos 4° y 15 de la referida ley; no obstante, debo precisar que, donde quiera que se desarrolle gestión pública, allí estarán presentes los ciudadanos ejerciendo control.
 
¿Y qué es gestión pública? La gestión pública es el conjunto de actividades que se desarrollan a través de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de políticas encaminadas a resolver los problemas de la comunidad y la prestación de los servicios públicos.
 
Si bien es cierto que el control a la gestión pública pueden ejercerlo los ciudadanos de forma individual y colectiva; no todo ciudadano debe asumir este rol. Los miembros de las veedurías deben ser hombres probos y transparentes; comprometidos solo con el interés general.
 
Es de público conocimiento que en Colombia, y por supuesto en Cartagena, este instrumento de participación está siendo utilizado para el chantaje y la extorsión; desviándose en consecuencia de los propósitos del constituyente y el legislador.
 
Y como si lo anterior fuera poco, muchos de estos personajes que se hacen llamar veedores se ofrecen a gobernantes y funcionarios públicos dizque para defenderlos. ¿Defenderlos de qué? Lo único que defiende a un gobernante es el ejercicio del buen gobierno; la adecuada formulación de políticas públicas; el respeto al Estado de derecho y un buen equipo que lo acompañe (no un equipo que lo perjudique) es la mejor defensa. Un mandatario serio no puede ni debe prestarse para esta fechoría.
 
Los veedores ciudadanos no están para defender a ningún gobernante o servidor público; su misión es vigilar que la gestión pública sea transparente y ajustada al ordenamiento.
 
De otro lado, un veedor ciudadano debe tener mínimamente conocimiento de lo que pretende vigilar y tener los argumentos y razones objetivas que le permitan explicar a la administración que es lo que se está haciendo mal y como mejorar; es decir, debe ser proactivo y propositivo.
 
Un veedor ciudadano debe conocer las formas de obtener información; debe tener claridad sobre lo que solicita. Y una vez obtenida la información, debe tener capacidad para analizarla, criticarla y estar en condiciones de decirle a la administración donde están las irregularidades para que éstas se superen. Y si es del caso, presentar las demandas y denuncias a que haya lugar.
 
Necesitamos verdaderos veedores; ¡no pillos disfrazados!
 
*Abogado, Magíster en Derecho Público, Docente derecho constitucional y administrativo USB-ESAP-FUTC. Expersonero de Cartagena
nefortich@gmail.com
Control Visible
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El Observatorio a los Órganos de Control

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